– Comunicado conjunto –
Max Avendaño Hernández ahora reposa en el Cementerio Central de Envigado, en Antioquia, municipio donde vivió durante su infancia. Allí lo despidieron su madre, su hermana, su tía, su cuñado y una sobrina que no alcanzó a conocerlo. Los pasados 21 y 22 de julio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregaron de manera digna el cuerpo de Max a su familia para darle sepultura.
Max desapareció en Santa Marta, el 7 de septiembre de 2007, a la edad de 24 años. Estudiaba Derecho y vivía con un tío en Barranquilla, mientras su madre y su hermana vivían en Envigado. Max visitaba Santa Marta frecuentemente, pues allí también tenía familiares y amigos. Él disfrutaba del mar y de bucear.
María Eugenia Hernández, madre de Max, lo buscó durante todos estos años y siempre conservó la esperanza de encontrarlo con vida. «Uno de los sueños de uno, como mamá, es que los hijos lo entierren a uno. Ahora es al revés, me toca a mí enterrar a mi hijo. Uno de los sueños míos, después de que supe que él estaba muerto, era encontrar esos huesitos y darles una santa sepultura. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos derecho a tener un sitio donde cualquiera de la familia pueda ir y que reciba la bendición de Dios, para mí eso es muy grande”, expresó durante el acto de entrega digna.
La entrega digna fue liderada por el despacho del magistrado José Miller Hormiga Sánchez, actual vicepresidente de la JEP e integrante de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el proceso que lleva con comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables y que estuvieron involucrados en el crimen contra Avendaño.
El magistrado Hormiga resaltó la importancia de estas diligencias, pues aportan verdad y brindan tranquilidad a las familias. «Para nosotros es muy positivo ayudar a los familiares de víctimas de desaparición a encontrar la verdad y reencontrarse con el cuerpo de sus seres queridos. Es uno de los más grandes aportes que pueden hacer la JEP y el Sistema Integral para la Paz», subrayó.
En el proceso de investigación de estos hechos en la JEP, de acuerdo con lo documentado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el marco del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, un integrante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, de Valledupar, habría engañado a Max con promesas de trabajo para conducirlo hacia la zona rural de El Copey, en el Cesar, en cercanías al río Ariguanicito, donde otros militares lo asesinaron el 8 de septiembre de 2007 y simularon que la muerte correspondió a un combate.
El cuerpo de Max fue inhumado sin ser identificado en el cementerio alterno de El Copey. Sobre este lugar la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dictó medidas cautelares en 2020 para proteger los cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada que no han sido identificados. En el marco de esas medidas cautelares se han recuperado más de 50 cuerpos, entre ellos el de Max Avendaño.
La familia Avendaño Hernández no tuvo conocimiento sobre lo sucedido hasta que fueron acreditadas en 2024 como víctimas ante la JEP y les comunicaron que tenían indicios de que Max había sido víctima del crimen conocido como ‘falsos positivos’. Es decir, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
El cuerpo de Max fue recuperado por la Unidad de Búsqueda durante las intervenciones forenses realizadas en el cementerio alterno de El Copey en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Ariguaní al río Magdalena. El joven había sido inhumado en una misma fosa con otro cuerpo, pero en contenedores (bolsas) separados.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue la entidad encargada de la plena identificación del cuerpo de Max. En el proceso se cotejó las muestras de ADN del cuerpo y de la madre de Max obteniendo como resultado una coincidencia contundente.
En la continuación de este proceso dialógico, 15 comparecientes de la fuerza pública, no seleccionados como máximos responsables, reconocieron su participación en el crimen y fueron convocados por el magistrado Hormiga a una audiencia de medidas de satisfacción de verdad que se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto, en Bogotá. Allí, tendrán la oportunidad de ratificar sus aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad sobre este y otros crímenes cometidos en la Costa Caribe.
La información relacionada con tipificación de delitos o hechos victimizantes incluída en este comunicado responde a declaraciones entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y relatos de los familiares de las personas desaparecidas u organizaciones de la sociedad civil que les acompañan y no compromete el carácter humanitario y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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