La UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal avanzan en un proyecto que busca impulsar la identificación de cadáveres que permanecen en instituciones y cementerios del país, entre los cuales podrían estar personas desaparecidas del conflicto armado.
“La recuperación de un cuerpo es un paso para encontrar a una persona desaparecida. Pero su hallazgo solo se produce cuando se identifica y se entrega a sus familiares”. Esta frase, pronunciada por la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, evidencia la complejidad de un proceso que implica además la recolección, cruce y análisis de información, y el contacto con los familiares de las víctimas, entre otras acciones humanitarias.
En Colombia, de hecho, hay alrededor de 25.000 cuerpos no identificados que permanecen en las instituciones del Estado y en los cementerios del país y, por lo tanto, no han sido entregados a sus familiares. A pesar de que se les practicó la necropsia médico-legal, a la fecha no se conoce el nombre de las víctimas y si entre ellas hay personas desaparecidas del conflicto armado.
Ante la magnitud del desafío, la UBPD, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación emprendieron un proyecto para impulsar la identificación de los cuerpos que fueron sometidos a necropsia entre 1960 y el primero de diciembre de 2016 (fecha de la refrendación del Acuerdo de Paz). El reto consiste en recolectar y analizar los expedientes de necropsia, bases de datos y otras fuentes de información con el fin de realizar el diagnóstico del proceso de identificación de los cadáveres no identificados. Para posteriormente proponer diversos planes de acción que contribuyan a impulsar el proceso de identificación.
“Se ha buscado consolidar la información con la que contábamos de aquellos cadáveres que pasaron por el Instituto de Medicina Legal, que permanecen en condición de no identificados y, en el momento en el que fueron abordados, es decir antes del 2007, no se encuentran en la plataforma SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres)”, asegura Claudia Adriana García, directora del Instituto de Medicina Legal.
Si bien inicialmente se denominó “plan piloto”, debido a que los cuerpos que iban a ser sometidos al análisis eran los que estaban en Nariño y Norte de Santander (2.100 cadáveres), la iniciativa se amplió a ocho regiones del país (Bogotá, Medellín, Villavicencio, Pereira, Barranquilla y Neiva), en donde tiene sede el Instituto de Medicina Legal. Hoy se conoce como el “Proyecto de impulso al proceso de identificación de cadáveres en condición de no identificados en Colombia”.
El equipo de la UBPD identificó 301 variables de análisis que contribuyen en ese proceso de identificación humana, las cuales se incluyen en un instrumento de diagnóstico. Entre ellas se destaca, información de las necropsias médico-legales, la información relacionada con exhumaciones, las inspecciones a los cadáveres, los análisis antropológicos, odontológicos y genéticos, así como la ubicación de los cuerpos, las fechas y el último custodio. Así mismo verificar si hay o no análisis de muestras biológicas, si hay cruces en el Banco de Perfiles Genéticos o si hay información de las personas desaparecidas disponible en el SIRDEC.
Durante el encuentro realizado el pasado viernes en Bogotá, en el que se avanzó con la fase de diagnóstico y al que asistieron expertos de la UBPD y los directores regionales de Medicina Legal y el subdirector de esa institución, Carlos Murillo, aseguró que este proyecto no solo consiste en incluir información en el SIRDEC; sino en ir más allá: “Se trata de hacer la gestión para lograr la identificación”.
A la fecha, en el marco de este proceso se han ingresado al instrumento de diagnóstico 8.066 casos de personas no identificadas y al SIRDEC, 5.130. En Nariño y Norte de Santander, departamentos en donde inició el proyecto, se hizo un análisis integral de 711 casos. Estos primeros datos les permitirán a las dos instituciones, proponer acciones de impulso para la identificación. “La información nos puede llevar a la identificación”, concluyó la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, quien insistió este proceso puede contribuir a darles respuestas a los familiares que tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos.
