– Comunicado conjunto –
Un hombre joven de cejas pobladas y piel tostada llegó a Bogotá para vender en los buses chocolatinas que él mismo hacía. Intentó seguir con la tradición panadera de su familia, buscó trabajar y ganarse la vida. Su nombre era Víctor Eduardo Calderón Perdomo y fue asesinado y presentado como supuesta baja en combate en Vichada, el 7 de marzo de 2006. Su cuerpo fue desaparecido en medio de una investigación judicial en 2012 y hoy sus familiares cuentan con la tranquilidad de tener cerca nuevamente su cuerpo, para honrarlo como sienten que lo merece.
“Era un hombre responsable y trabajador”, recuerda su madre mientras está ubicada frente al cofre en el que reposa el cuerpo de Víctor. Su nieta, la ya adulta hija de Víctor, canta entre lágrimas: “Préstame a mi padre. Dame unos minutos para recordar qué se siente abrazarlo. O cómo decirle que allá, en nuestra casa, todos lo extrañamos…”.
En palabras de la hija, su familia “es gente ejemplar, que nunca le ha negado nada al prójimo”. El hecho de que esta familia pueda tener a Víctor nuevamente en el seno de su hogar para darle una sepultura digna es fruto del trabajo articulado entre varias instituciones del Estado.
Para hacer posible esta entrega, a inicios de septiembre, participaron la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y Jurisdicción Especial para la Paz, por parte del Sistema Integral para la Paz, con el apoyo del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Esta acción constituye una medida restaurativa que busca contribuir a aliviar el daño causado a una familia que perdió a Víctor a manos de agentes del Estado y que luego tuvo que enfrentarse a una segunda pérdida, cuando su cuerpo fue extraviado tras ser exhumado en medio del proceso que llevaba la justicia ordinaria.
El caso de Víctor resulta emblemático, pues se ha podido establecer que era un joven desplazado por la violencia que buscaba oportunidades de sustento en Bogotá. Su familia recibió la última de sus frecuentes llamadas telefónicas cuando salió de la localidad de Bosa, al sur de la ciudad, el 5 de marzo de 2006. Menos de 48 horas después, este joven aparecería muerto a más de 700 kilómetros de distancia y reportado como supuesta baja en combate por integrantes del Batallón de Infantería Motorizado N°43 ‘Efraín Rojas Acevedo’, conocido como el Biroj, en zona rural de La Primavera, en Vichada.
“Mi padre no pudo volver a casa, como dijo que lo haría, para celebrar mi cumpleaños”, lamentó la hija de Víctor. Fue en el Meta donde la familia recibió el cuerpo de Víctor y se vio obligada a sepultarlo allá. Años después, tras cumplirse el plazo de permanencia en el cementerio, la familia trasladó a su ser querido hasta el departamento en el que vivían en ese entonces para honrarlo y tenerlo cerca. Fue así como en diciembre de 2012, sin su conocimiento, una entidad estatal exhumó el cuerpo y lo trasladó a otro municipio por tratarse de un cuerpo asociado a un proceso judicial.
Por varios años, la familia no supo del paradero de Víctor, hasta que la JEP logró establecer que el cuerpo estaba en un laboratorio de Medicina Legal. Fue así como, desde un enfoque restaurativo, la jurisdicción gestionó ante la Fiscalía el retorno del cuerpo a su familia y la enmienda de su registro civil de defunción. La familia ya se encuentra acreditada en el Caso 03, el cual investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Por su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP activó el componente de reparación integral del Sistema Integral para la Paz con el fin de requerirle a la Unidad para las Víctimas que analice su inclusión de esta familia en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como del pago de las reparaciones administrativas conforme a los parámetros definidos en la Ley de Víctimas (1448 de 2011).
En marzo de 2024, el despacho de la magistrada Sandra Castro Ospina, presidenta de la SDSJ de la JEP, recibió el proceso relacionado con la muerte de Víctor y se convierte en la primera entrega digna ordenada por esta sala de la JEP. Desde entonces, junto con su equipo han reunido varios casos en los que participaron de forma reiterada algunos integrantes del Biroj, lo que, incluso, podría constituir un patrón macrocriminal en esta unidad militar contra civiles indefensos, protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Al momento, el despacho de la magistrada Castro ha identificado nueve casos que suman 30 víctimas de hechos cometidos entre el 7 de marzo de 2006 y el 4 de noviembre de 2007.
“Hasta ahora, ha habido impunidad, no se han efectuado investigaciones serias y no se han atribuido responsabilidades por las muertes”, dijo en la diligencia de entrega digna la magistrada Castro, explicándoles a los familiares que los comparecientes implicados en los hechos serán llamados por la sala a aportar verdad, proponer acciones restaurativas y reconocer responsabilidad.
Este proceso es asumido por la SDSJ debido a que el Biroj y el Vichada no se encuentran priorizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en lo que respecta a la investigación del Caso 03, que investiga estos asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Por su parte, la SDSJ tiene la inmensa labor de evaluar los procesos de casi 7.000 miembros de la fuerza pública que, aunque están involucrados en crímenes relacionados con el conflicto armado, no son los máximos responsables. Estos sujetos buscan resolver su situación jurídica de forma definitiva, ello les permitirá acceder a ofertas de trabajo y de estudio; y, de ese modo, reintegrarse de forma efectiva y contribuir a la sociedad.
Para hacer esto posible, la SDSJ implementa lo que se conoce como la Ruta No Sancionatoria, la vía legal que les permitirá a ese alto número de comparecientes limpiar sus expedientes sin que ello les acarree una sanción. Pero para acceder a ese beneficio deben cumplir de forma estricta los requisitos que les impone la JEP: aportar verdad sobre los hechos en los que estén involucrados o de los que tengan conocimiento y pruebas, proponer acciones restaurativas para las víctimas y sus comunidades y tienen la posibilidad de reconocer responsabilidad. Quienes no cumplan con esos requisitos se exponen a ser expulsados de la jurisdicción y que sus procesos regresen a la justicia ordinaria.
Un árbol y una madeja, los símbolos de la lucha en la familia de Víctor
La madeja pasó de mano en mano y parecía frágil, pero su fortaleza radicaba en lo que representa: los lazos de la familia de Víctor y ese camino enrevesado que tuvieron que recorrer para llegar al momento de reencontrarse con él.
La victimización de la cual fue objeto la familia de Víctor requirió que se contara con acompañamiento psicosocial, en el cual la magistratura trabajó con la Oficina Asesora de Atención a Víctimas y con el Departamento de Gestión Territorial, para brindar un espacio de apoyo psicosocial el cual se realizó en días previos a la entrega digna y que tuvo como objetivo reunir los elementos simbólicos y representativos en la vida de Víctor.
Así, la familia construyó un árbol cuyas raíces representaron el arraigo de Víctor a su tierra. El tronco representa la magnitud de la lucha de la madre de Víctor. Las hojas representaban los frutos, el legado de este hombre en las vidas de todos sus familiares, incluso en los más jóvenes que nunca lo conocieron en vida pero que, a partir de este acto simbólico y restaurativo, pudieron llevarse una imagen del que fuera su abuelo o su tío Víctor.
La familia recordó una picardía de Víctor en su niñez: “Le abría un hueco al tarro del arequipe por debajo y se lo comía. Cuando mi madre se daba cuenta, me culpaba a mí porque él era flaco y yo, gordo”, dijo sonriente uno de sus hermanos.
Durante la entrega digna, la familia contó nuevamente con el apoyo psicosocial necesario para recibir el cuerpo de Víctor y escuchar de parte de un experto forense los hallazgos relacionados a su muerte y a su identificación.
La Unidad de Búsqueda acompaña los espacios de entrega digna desde su mandato humanitario y extrajudicial. Su único fin es aliviar el dolor de las personas buscadoras. Acorde con esta entidad, el universo de personas dadas por desaparecidas en Colombia es de 111.640 y, hasta la fecha, solo un tercio de las mismas cuentan con una solicitud de búsqueda.
La información relacionada con tipificación de delitos o hechos victimizantes incluída en este comunicado responde a declaraciones entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y relatos de los familiares de las personas desaparecidas u organizaciones de la sociedad civil que les acompañan y no compromete el carácter humanitario y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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