– Comunicado conjunto –
Las vidas de la familia Arango Suaza se transformaron completamente en febrero de 2006, cuando Luis Hernando y Jorge de Jesús fueron desaparecidos en hechos generados por el conflicto armado, en el corregimiento Florencia de Samaná, en Caldas. Luis tenía 35 años y Jorge, su hijo, tenía 19 cuando fueron arrebatados de su hogar.
Después de 19 años de su desaparición, el trabajo articulado entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de Marquetalia, en Caldas, permitió la recuperación, identificación y entrega digna de sus cuerpos a sus seres queridos.
«Este caso evidencia cómo la articulación institucional y con las organizaciones de la sociedad civil permite, en primer lugar, dar respuestas eficientes y acertadas a las personas que buscan a sus seres queridos y, en segundo lugar, brindan la posibilidad de potenciar las capacidades de cada institución de acuerdo con sus competencias y mandatos, además de optimizar los recursos. Las medidas cautelares emitidas por la JEP, en respuesta a las solicitudes de las organizaciones, posibilitaron agilizar la intervención del cementerio de Samaná por parte de la Unidad de Búsqueda, para que Medicina Legal avanzara con el proceso técnico forense de identificación», expresó Diana Ortiz, coordinadora de la Unidad de Búsqueda para la región Occidente del país.
Los cuerpos de Luís y Jorge fueron recuperados por el equipo forense de la UBPD el 1 de noviembre de 2020, como parte de la intervención integral realizada por la Entidad al municipio de Samaná, Caldas en dos bóvedas del cementerio San Agustín donde permanecieron por más de una década. Según los registros de la parroquia de Samaná en uno de los puntos se encontraba Jorge de Jesús Arango Suaza de 19 años, en el otro un hombre mayor de 30 años sin nombre referido.
La intervención al camposanto, se dio en el marco de las medidas cautelares emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP, en 2020, por solicitud de las organizaciones de la sociedad civil como: Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Équitas), el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT) de la Universidad de Caldas y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos).
Como parte de las decisiones adoptadas, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, sustanciadora de este proceso, ordenó proteger cementerios del Magdalena Medio caldense, donde se presumió la existencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. Los lugares protegidos fueron los cementerios Central de Nuestra Señora del Carmen, de Norcasia; San Agustín y San Diego, en Samaná (Caldas); y San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en Victoria (Caldas).
«La Sección de Ausencia de Reconocimiento, en el trámite de las medidas cautelares, ha identificado 182 cuerpos (cifra con corte a 28 de febrero de 2025) y ha hecho entrega digna de más de 100 cuerpos, como resultado de la coordinación institucional con diferentes entidades del Estado, entre ellas la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Este es un número tal vez menor comparado con el universo de personas dadas por desaparecidas en el país, sin embargo, nuestro compromiso es constante y permanente no solo con la búsqueda, sino también con contribuir en la identificación y entregas dignas, como una forma de fortalecer la esperanza de miles de víctimas de nuestro país», expresó la magistrada Jaramillo.
Esta acción humanitaria de entrega digna hace parte de la estrategia de búsqueda masiva realizada por la UBPD en este territorio, denominada Plan Regional de Búsqueda del Oriente de Caldas, mediante el cual se realizan acciones para la búsqueda de 1.160 personas dadas por desaparecidas en los municipios de La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Victoria.
La información relacionada con tipificación de delitos o hechos victimizantes incluída en este comunicado responde a declaraciones entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y relatos de los familiares de las personas desaparecidas u organizaciones de la sociedad civil que les acompañan y no compromete el carácter humanitario y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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