– Comunicado conjunto –
Ricardo Arias Ardila desapareció en el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca. Tenía 54 años, era comerciante y líder pastoral en su comunidad. Desde abril de 2014, su familia vivió con el dolor y la incertidumbre de no saber qué había ocurrido ni dónde estaba. Su rastro, perdido en una región, fue hallado en otra: a orillas del río Magdalena, en el municipio caldense de La Dorada. Hoy, once años después, en Bogotá, su familia encontró respuestas: su cuerpo fue recuperado y, con ello, el derecho a despedirlo dignamente.
Su cuerpo fue uno de los 22 recuperados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el cementerio Católico Central de La Dorada. Allí había sido inhumano como no identificado, en el columbario San Lucas. La investigación extrajudicial permitió establecer que fue ingresado al camposanto el 2 de mayo de 2014, después de que fue hallado en el sector de La Marranera, en el barrio La Fortuna. Sin datos que permitieran establecer quién era, fue sepultado sin identificar.
Hasta este cementerio de Caldas llegó el equipo de expertos forenses de la Unidad de Búsqueda, como producto de las investigaciones humanitarias realizadas por la entidad desde su creación. Este camposanto cuenta con medida cautelar adoptada en 2021 por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿El propósito? Proteger puntos de interés forense donde se podrían encontrar personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.
La orden judicial prohibió exhumaciones e inhumaciones en 48 lugares identificados por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP durante el estudio del trámite cautelar. Además, solicitaba recuperar los cuerpos y avanzar en su identificación.
Aunque su nombre aún se desconocía, la fecha de ingreso al cementerio resultó clave: permitió rastrear la primera necropsia que le practicaron cuando fue hallado. Esto fue determinante para iniciar su proceso de identificación y posterior entrega digna. A partir de esta información, y tras la recuperación del cuerpo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) realizó en 2024 un segundo cotejo dactiloscópico que confirmó su identidad: se trataba de Ricardo Arias Ardila. Según los registros forenses, la causa de muerte fue «ahogamiento por sumersión».
Mientras avanzaba el trabajo articulado de las instituciones, en enero de 2025 su hijo Richard Arias presentó ante la Unidad de Búsqueda la solicitud para encontrar a su padre. El caso fue incluido en el Plan Regional de Búsqueda del Oriente de Caldas. A partir de esta información comenzó la investigación humanitaria, que permitió rastrear registros de inhumaciones, analizar archivos parroquiales, contrastar perfiles genéticos y consultar fuentes documentales y testimoniales que confirmaron el parentesco.
«Después de 11 años sin saber dónde estaba mi padre, hoy tenemos certeza. Encontramos un equipo que nos trató con respeto y humanidad, algo que no esperábamos después de tanto tiempo», dijo Richard Arias durante la ceremonia de entrega digna. El cuerpo de su padre fue trasladado y sepultado en un cementerio de Bogotá, esta vez con su nombre, acompañado por su familia y no en el anonimato.
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. El acto fue acompañado por la Unidad de Búsqueda, la JEP, el INMLCF, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá y la Secretaría de Salud del Distrito. «Queremos garantizar que este cierre sea respetuoso, digno y fiel a lo que Ricardo hubiera querido en vida», expresó Sol Cristal Alonso, coordinadora de la Regional Centro de la UBPD. Este acompañamiento hizo parte del Plan Regional de Búsqueda Bogotá de la Unidad de Búsqueda, en el marco de su proceso de articulación interinstitucional, intersectorial y de solidaridad social.
«La protección de los sitios de disposición y la identificación de cuerpos no es solo un deber legal, es una deuda de verdad, de justicia y de reparación”, afirmó la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, de la JEP, líder de la medida cautelar que amparó este proceso y permitió la entrega digna. Este caso demuestra que, incluso después de muchos años, la articulación institucional puede ofrecer respuestas concretas a las familias y restituirles el derecho a la búsqueda y a una despedida digna, que contribuya a aliviar el dolor causado por la desaparición de un ser querido.
La desaparición
La desaparición de Ricardo Arias Ardila ocurrió en una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare, según lo documentan investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
De acuerdo con testimonios recogidos por la Unidad de Búsqueda, Ricardo se habría negado a pagar extorsiones, lo que posiblemente lo convirtió en blanco de los grupos que operaban en la zona. Aunque no tenía militancia política, era un líder comunitario y religioso muy respetado, una condición que, en el contexto del conflicto armado, implicaba un alto riesgo.
Su cuerpo fue hallado lejos de su lugar de origen, una práctica que responde a patrones del conflicto en Colombia, donde muchas víctimas fueron trasladadas a otras regiones para dificultar su identificación y encubrir los crímenes.
Colombia registra más de 126.895 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Cada entrega digna no es un cierre, sino un avance. «La búsqueda no termina con la entrega de un cuerpo», recordó Sol Cristal Alonso. «La búsqueda continúa en cada familia que espera, en cada voz que se niega a olvidar, en cada historia que aún necesita ser contada». En Cundinamarca y Bogotá, más de 6.500 personas continúan desaparecidas, según registros de la misma entidad.
La Unidad de Búsqueda cuenta con 25 sedes territoriales y 3 sedes satélite en el país. En cada una de ellas recibe solicitudes y aportes de información que hacen posible avanzar en la localización de personas desaparecidas, cuya ausencia sigue doliendo. Cada solicitud, cada aporte, sigue abriendo caminos para quienes aún esperan una respuesta.
La información relacionada con tipificación de delitos o hechos victimizantes incluída en este comunicado responde a declaraciones entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y relatos de los familiares de las personas desaparecidas u organizaciones de la sociedad civil que les acompañan y no compromete el carácter humanitario y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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