– Comunicado conjunto –
Un equipo forense conformado por 14 profesionales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exhumaron 16 cuerpos que estaban en bóvedas del Cementerio Religioso Municipal de Apartadó, en Antioquia. Estos hallazgos podrían corresponder a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia desaparecidos entre 2007 y 2016.
La intervención forense en este cementerio, realizada entre el 10 y el 14 de junio de 2024, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. En terreno, la magistratura contrastó los aportes a la verdad de los comparecientes, las piezas procesales y la documentación médico-forense recabada en el marco de la investigación del Caso 04, que priorizó la situación territorial de la región de Urabá. La evidencia indica que en este lugar están inhumados cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Simultáneamente, la UBPD adelantaba una investigación humanitaria para practicar una intervención forense en el cementerio, mientras que Medicina Legal contaba con documentación medicolegal sobre cuerpos no identificados inhumados en este lugar. Es decir, el procedimiento forense ordenado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP respondió a la abundante información recolectada por las tres instituciones y a la necesidad de trabajar conjuntamente para dar una respuesta articulada y pronta a las familias buscadoras.
Antes de la intervención, profesionales de la JEP, la UBPD y el Medicina Legal contrastaron la información recolectada en sus respectivas indagaciones para concertar el alcance del procedimiento. A partir de esto, decidieron intervenir las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda 1. Asimismo, ajustaron las metodologías y la documentación institucional para estudiar los hallazgos forenses y los cuerpos recuperados con el objetivo de establecer conjuntamente su identidad plena.
En ese procedimiento de alistamiento, además, los expertos de estas instituciones concluyeron que algunos de los cuerpos recuperados ya estaban plenamente identificados, pero nunca fueron reclamados por sus familias debido a que no tuvieron conocimiento de la suerte de sus seres queridos o nunca se acercaron a las autoridades por el temor que sentían en el contexto del conflicto armado. También, a partir de documentación médico-forense y de sus respectivos procesos investigativos, establecieron hipótesis sobre la identidad de otros cuerpos.
Como resultado de la diligencia, los equipos forenses pudieron establecer que 14 de los 16 cuerpos exhumados tenían expediente medicolegal en Medicina Legal. Por esta razón, a estos se les aplicó una metodología que se conoce como Verificación de correspondencia de información post mortem in situ. El método consiste en contrastar los cuerpos exhumados y hallazgos forenses con protocolos de necropsias practicadas en el momento de la muerte.
En total, los forenses lograron orientar la identidad de nueve personas. Es la primera vez que estas tres instituciones aplican en conjunto esta metodología, la cual puede agilizar la identificación de los cuerpos, así como la entrega digna a sus familiares.
En el transcurso de la diligencia, cerca de 100 habitantes de Chocó, Córdoba y Antioquia se acercaron al cementerio para reportar la desaparición de sus seres queridos. Los familiares de las víctimas fueron atendidos por funcionarios de la JEP, la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal, quienes recibieron los testimonios y se tomaron 15 muestras de sangre para hacer pruebas genéticas tendientes a la identificación de los cuerpos exhumados.
La intervención técnico-forense fue apoyada por la Alcaldía de Apartadó, la Gobernación de Antioquia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Fundación Diocesana Funadpas de la Diócesis de Apartadó, que administra el camposanto. Igualmente, fue acompañada por organizaciones buscadoras de víctimas de desaparición forzada de Urabá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Víctimas y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
La información relacionada con tipificación de delitos o hechos victimizantes incluída en este comunicado responde a declaraciones entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y relatos de los familiares de las personas desaparecidas u organizaciones de la sociedad civil que les acompañan y no compromete el carácter humanitario y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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