Durante dos décadas, el Parque Nacional Natural Gloria Valencia de Castaño, en el Tolima, guardó silencio. Entre sus 125.000 hectáreas de páramo y bosque andino, donde el Tolima se encuentra con el Valle del Cauca, reposan los cuerpos de muchas personas en el marco del conflicto, según las narrativas de pobladores y guardianes.
Recientemente, ese silencio se rompió. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró los primeros cinco cuerpos. Se trata de jóvenes inhumados en las montañas, en medio del páramo, cuyas familias hoy reclaman la verdad y entrega digna de sus seres queridos.
Llegar hasta allí no fue solo una operación forense: fue el resultado de tejer confianza. Durante dos años, la entidad recorrió veredas de los municipios de Rioblanco y Chaparral explicándole a la comunidad y las Juntas de Acción Comunal que su mandato no era judicial, sino humanitario.
«Así, pieza por pieza, se armó lo que llamamos un rompecabezas de voluntades a través de la memoria de los vecinos que no olvidaron. Los mapas dibujados por integrantes de las Juntas de Acción Comunal y los datos que aportantes entregaron entre 2022 y 2024. Con esa ruta, se abrieron corredores humanitarios en un santuario ambiental que la guerra había cerrado», expresó Claudia Beltrán, investigadora de la UBPD en el Tolima.
Geográficamente, el parque se distribuye en un 80 por ciento en el Tolima, abarcando los municipios de Chaparral y Rioblanco; el 20 por ciento restante se extiende por el Valle del Cauca, tocando los municipios de Sevilla, Tuluá, Guadalajara de Buga, El Cerrito, Palmira y Pradera.
Esta conexión territorial, históricamente, convirtió al sur del departamento en un estratégico corredor de movilidad hacia el centro del país y zonas del Huila, Meta y Caquetá. Una ventaja geográfica que, en los años de confrontación entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado, se transformó en su mayor condena.
Para los equipos de búsqueda, el destino final estaba marcado en la zona rural de Rioblanco. Allí, gracias a los testimonios recopilados por la Corporación Humanitaria Reencuentros y la UBPD, se identificaron dos puntos de interés forense que prometían cerrar largos ciclos de angustia e incertidumbre familiar.
Y así fue. En medio de un paisaje de belleza sobrecogedora y bajas temperaturas, los buscadores rescataron los cuerpos de cuatro hombres y una mujer, quienes habrían fallecido entre 2010 y 2014 a causa de la confrontación armada.
El apoyo no se detuvo ahí, pues el acompañamiento de las comunidades se transformó en una guía que permitió a los investigadores transitar colinas y cabalgar durante horas para ingresar a un territorio que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo vedado por la presencia de grupos al margen de la ley.
«Los desafíos que se atravesaron en el camino fueron superados gracias al trabajo pedagógico adelantado en este municipio, que han permitido que las personas (especialmente los ajenos a la búsqueda) se sensibilicen sobre la trascendencia que tiene el hecho de encontrar respuestas sin importar cuánto tiempo haya transcurrido», agregó la investigadora Beltrán.
De la misma forma, otro eslabón fundamental estaba resguardado en el Banco de Perfiles Genéticos. Ahí reposaban desde 2021 las muestras biológicas tomadas a los familiares que nunca dejaron de buscar.
Vale resaltar que, en este caso, la investigación humanitaria y extrajudicial del Plan Cordillera Central arrojó una constante y es que, en las confrontaciones entre grupos al margen de la ley y fuerza militares, el uso de armas no convencionales dejó una huella devastadora. Las minas antipersonal (MAP) y las municiones sin explotar (MUSE) se convirtieron en guardianes silenciosos de los caminos.
Encontrando respuestas
Entre las personas recuperadas se encuentran Andrés, José y Enrique. Tres hombres unidos por un mismo destino. Ellos fueron integrados al conflicto armado desde muy jóvenes por dinámicas ajenas a su voluntad y, con el tiempo, el terreno los obligó a convertirse en desafiantes del destino, conociendo la ubicación de las minas antipersonal que sembraron en senderos del sur del departamento.
La familia de Enrique recuerda que la última vez que lo vio fue en diciembre de 1999, en área rural de Chaparral. Tenía aproximadamente 19 años. «Mi hermano salió de la finca y pasó por una vereda del corregimiento El Limón; ahí lo detuvieron dos hombres armados y nunca más supimos de él», relató uno de sus seres queridos.
Paradójicamente, su conocimiento forzado sobre las minas lo condujo a la muerte. Según los indicios, recibió la orden de desinstalar varios artefactos para abrirle paso seguro a un grupo insurgente; sin embargo, la precisión falló y la mina estalló cuando él tenía cerca de 32 años.
La misma situación acabó con las vidas de Andrés y José, quienes habrían caído en un campo minado durante una misión de exploración entre 2010 y 2014.
Por otra parte, la lista del regreso la completan Fabián y Paola, dos jóvenes que, arrastrados también por la fuerza del conflicto, terminaron en las filas de un grupo ilegal donde perdieron la vida.
Los cinco cuerpos fueron recuperados a campo abierto, en caminos que el parque había cerrado para todos menos para la guerra. Hoy esperan un nombre confirmado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la última estación de un viaje que empezó hace más de 20 años.
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