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Comunicado de prensa

Comunicado de prensa

Foto en monocromo de dos funcionarios de la UBPD de espaldas

mayo 21, 2025

Pese a medida de la JEP, la Unidad de Búsqueda continuará gestionando recursos para seguir la búsqueda de las personas desaparecidas

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) lamenta la decisión adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto SAT AT 381 del 19 de mayo de 2025, en la cual desvincula a la UBPD de la audiencia focalizada en el fortalecimiento presupuestal, programada para el 13 de junio de 2025.

La Unidad de Búsqueda ha indicado en múltiples espacios, en las mesas convocadas y en las comunicaciones a la JEP que, desde su creación, la entidad ha solicitado un total de $ 1.2 billones para el periodo comprendido entre 2018 y 2025, destinados a atender sus necesidades de funcionamiento e inversión. Sin embargo, solo ha recibido $ 986.944 millones, lo que ha dado lugar a un déficit del 19 %. 

Tan solo en 2025, en el anteproyecto de presupuesto presentado al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, la entidad estimaba necesidades por $ 220.385 millones, de los cuales solo se asignaron $ 193.842 millones, un 12 % menos de lo solicitado. El impacto de esta reducción se vio reflejado principalmente en los recursos de inversión con los que se financia gran parte del despliegue operativo nacional y territorial de la búsqueda.

En relación con lo expresado en el Auto, la JEP sostiene que «la UBPD ha contado con los recursos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, a través de proyectos que fueron formulados, aprobados, financiados y se encuentran en ejecución conforme a los lineamientos de inversión pública”, afirmación que no corresponde al objetivo propuesto en el marco de la medida cautelar nacional, toda vez que el fortalecimiento presupuestal estaba encaminado a garantizar las operaciones misionales de la UBPD y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no al adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda como instancia articuladora y coordinadora de distintas entidades del orden internacional, nacional y territorial, que permitan la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y formulen una política pública integral en la materia. El Sistema Nacional de Búsqueda, como espacio de articulación, no cuenta con presupuestos adicionales, sino que cada entidad debe disponer de los recursos ya asignados para los aportes que se requieran en el marco de sus competencias.

Por lo tanto, no se puede concluir que los objetivos perseguidos por la medida cautelar en relación con el fortalecimiento presupuestal de la UBPD han sido cumplidos de forma satisfactoria en el marco de los procesos institucionales ordinarios, cuando no se reconocieron las comunicaciones respecto a la situación que enfrenta la entidad para dar cumplimiento a su mandato legal y constitucional de buscar a cerca de 127.000 personas dadas por desaparecidas, no se abordaron en detalle las mesas interinstitucionales que no dieron ningún tipo de resultado, ni mucho menos se dio la posibilidad a la Unidad de Búsqueda de pronunciarse con relación a la información reportada por las entidades del Gobierno Nacional competentes en garantizar el adecuado funcionamiento de uno de las mecanismos del Sistema Integral de Paz.

En tal sentido, la Unidad de Búsqueda considera que el fortalecimiento que se espera obtener a partir de la medida cautelar proferida no cumplió con el propósito que allí se indicó y, por el contrario, la entidad continúa teniendo un presupuesto por debajo de las necesidades de la búsqueda.

Finalmente, la entidad, como líder en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado reitera su compromiso con las personas buscadoras. Por tal motivo, sin importar la medida adoptada, continuará impulsando las acciones de incidencia que ha venido desarrollando a nivel nacional e internacional, con el propósito de gestionar los recursos financieros necesarios y suficientes para garantizar, con equidad y sin discriminación, el derecho a la búsqueda y contribuir al alivio del sufrimiento de quienes aún esperan respuestas acerca del paradero de sus seres queridos desaparecidos.

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