Han pasado 31 años desde que John Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá desaparecieron una tarde, a plena luz del día y ante la vista de muchas personas. En una zona concurrida de Cali, en el Valle del Cauca, fueron abordados por hombres en dos motocicletas y una camioneta azul oscura a la que les obligaron a entrar. Muchos presenciaron el hecho, pero nadie dijo nada, salvo algunos reportes a la Policía por el forcejeo entre los hombres armados, que se mezclaba con los gritos de John y Gloria mencionando sus nombres. Eran épocas de violencia intensa en la ciudad, donde el narcotráfico y los grupos armados protagonizaban horrores en las calles.
Esa fue la última vez que se vio a estos dos jóvenes, líderes por la defensa de los derechos humanos en la comuna 20 de Cali.
Desde entonces, Sandra, la hermana de John Ricardo, ha liderado el proceso de búsqueda sin descanso y con rigor. John y Gloria no eran oriundos de Cali, llegaron desde Bogotá a principios de la década de los 90. Por ello, cuando Sandra comenzó a indagar por el paradero de su hermano, inicialmente recibió versiones muy dispersas sobre su ubicación y sobre la identidad de Gloria, a quien no conocía hasta el momento de la desaparición.
Pasaron los años y la búsqueda de Sandra se intensificó. Para la época, obtener información sobre una persona desaparecida era sumamente complejo si no se conocían las dinámicas regionales de las instituciones del Estado, si no se residía en la ciudad de los hechos y, mucho menos, si se trataba de desapariciones perpetradas recurrentemente por agentes del Estado. Sin embargo, todo apuntaba a que John y Gloria habrían sido víctimas de detención-desaparición, un término que para entonces no había sido acuñado como una tipología asociada a la desaparición de personas.
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La búsqueda
Las visitas de Sandra a Cali aumentaron. Comenzó a conocer la ciudad, sus dinámicas, a las autoridades que podían ayudar y a personas aliadas que le permitieron estructurar su hipótesis: su hermano había desaparecido junto a una mujer cuya identidad aún era incierta. Estas conjeturas la llevaron a recibir amenazas reiteradas y cada vez más intensas. Desde mensajes telefónicos hasta el levantamiento de cadáveres frente a su casa con advertencias para que detuviera su labor, estos hechos fueron determinantes para infundir un miedo permanente en Sandra, pero también la esperanza de que tales reacciones obedecían a que su búsqueda iba por buen camino.
A principios del 2000, Sandra no solo había establecido que la desaparición de su hermano involucraba a agentes del Estado, sino que tuvo la certeza de que Gloria Mireya Bogotá era la otra persona desaparecida y que ambos fueron vistos por última vez en una estación de Policía en Cali. En aquel entonces, era más común relacionar este hecho con un secuestro que con la desaparición forzada, ya que no era un delito tipificado en la ley.
Sandra también presume que la desaparición pudo estar ligada a las denuncias de su hermano ante la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en 1995, donde refería la presencia de grupos paramilitares que realizaban labores de «limpieza social» en los barrios de la comuna 20 y otros sectores populares del occidente de la ciudad. Paralelamente, las amenazas no cesaban y la idea del exilio se convertía en una posibilidad real para ella.
A esto se sumaba la necesidad de encontrar a la familia de Gloria Mireya, de quien solo tenía el nombre y relatos sobre su fisionomía. Esto implicó que Sandra no solo tuviera que probar la desaparición de su hermano ante las autoridades, sino también la existencia de una segunda persona que no era su pariente y que, por tanto, no podía reportar oficialmente debido a la falta de vínculo consanguíneo.
El exilio
Buscar a un ser querido es un riesgo para quienes lo asumen, pero hacerlo desde el exilio representa una dificultad casi insuperable. Obtener información institucional o testimonial se convierte casi en un acto de caridad. Esto le sucedió a Sandra durante casi un año, periodo en el que su investigación se detuvo y la salud de sus padres se deterioró, lo que la obligó a regresar al país a pesar de las recomendaciones de seguridad adversas.
«Esto me obligó al insilio, es decir, a silenciarme en mi propio país y mantener un bajo perfil para no llamar la atención de quienes sabían que yo seguiría buscando«, narra Sandra al contar cómo adaptó su búsqueda para no levantar sospechas y obtener, de manera silenciosa, más información sobre el paradero y los responsables de la desaparición de su hermano.
El reconocimiento
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por la desaparición de John Ricardo Ubaté Monroy y Gloria Mireya Bogotá Barbosa, ocurrida en mayo de 1995 en Cali. Este fallo se convirtió en un hito, pues la labor de sus familiares es un emblema de las miles de búsquedas en el país que han sido impulsadas por los allegados ante la ausencia de un acompañamiento estatal oportuno para esclarecer el paradero de los detenidos-desaparecidos.
Actualmente, las instituciones competentes deben responder a las familias Ubaté y Bogotá en materia de justicia, búsqueda, garantías de no repetición y medidas de memoria. Asimismo, se reconoce la labor de Sandra Ubaté, quien por tres décadas ha consolidado un proceso de búsqueda con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, ante la histórica inacción del Estado.
Así avanza la UBPD
Partiendo de la búsqueda histórica de Sandra y los aportes del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otros documentos y datos oficiales y no oficiales, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha identificado el cementerio municipal de Jamundí, en el Valle del Cauca, como uno de los posibles sitios de disposición final de sus cuerpos. Este municipio aledaño mantiene una estrecha relación con Cali, dada su dinámica social, cercanía territorial y la presencia de los actores armados que determinaron las circunstancias de la desaparición de John, Gloria y más de 4000 personas en el área metropolitana.
En este camposanto se tomó como punto de partida una fosa común, utilizada para inhumar personas no reclamadas o sin identificar durante la década de los 90 y principios de los 2000. Este lugar fue intervenido por el equipo de la UBPD del Valle del Cauca y el Suroccidente, empleando una técnica antropológica-forense para abordar sitios con condiciones complejas de mezcla y alta humedad. El objetivo es identificar cuáles de los cuerpos recuperados podrían corresponder a John y Gloria.
Tras tres semanas de labores de prospección liderada por la Unidad de Búsqueda, el acompañamiento de la familia y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial -Equitas-, fue posible recuperar 139 contenedores con restos óseos, que fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal para avanzar en su identificación. Sin embargo, más allá de la búsqueda de John y Gloria, este proceso ha aportado resultados significativos que demuestran la importancia de la colaboración colectiva. Gracias a esta gestión, entidades territoriales —como la alcaldía municipal, la personería, representantes de la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos— han consolidado esfuerzos con la UBPD, facilitando que más familias puedan presentar sus solicitudes.
Actualmente, la investigación humanitaria y extrajudicial continúa con la participación activa de las familias Ubaté Monroy y Bogotá Barbosa. Su persistencia es un símbolo de que el conocimiento de los familiares es esencial y debe integrarse permanentemente con el rigor técnico y científico de la Unidad de Búsqueda. Este trabajo conjunto es la vía fundamental para construir verdad y dignidad en favor de quienes nos hacen falta.
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