- “La violencia de la que ha sido víctima el Cesar requiere que la sociedad y las instituciones trabajen en acciones para la no repetición y la búsqueda de los desaparecidos”.
- Cesar es uno de los 9 departamentos del país que concentran el 60 % de las desapariciones en Colombia.
- Según el CNMH 7.058 personas en el departamento fueron víctimas de desaparición forzada, secuestro reclutamiento forzado.
- “La desaparición afecta a miles de familias y comunidades en múltiples municipios del país, es un hecho que produce angustia y zozobra de manera prolongada y altera los proyectos de vida de familias completas”.
Valledupar, 27 de agosto de 2021. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Jurisdicción Especial para la Paz, la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación de Cesar junto a organizaciones de la sociedad civil y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los derechos humanos, suscribieron el ‘Pacto por la Búsqueda de Personas y la No Repetición en el Departamento de Cesar’, uno de los 9 del país que concentran el 60 % de las desapariciones registradas en Colombia.
Al intervenir en la instalación de la firma del pacto la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, aseguró que “los hechos violentos que sé registran en el departamento del Cesar en el contexto y en razón del conflicto armado, requieren de un esfuerzo mayor de la sociedad para que de manera articulada, amplia y diversa invitemos a todos los sectores en el departamento a liderar, convocar y participar en acciones y estrategias que impidan la repetición del conflicto armado en nuestro territorio y contribuyan con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas”.
Sostuvo que la firma de un pacto no es suficiente, pero sí una forma efectiva de movilizar la conciencia de las sociedades al rededor de unos hechos que causan sufrimiento permanente e inestabilidad a miles de personas en el país y puntualmente en este departamento.
La directora de la UBPD destacó la presencia del Sistema Integral para la Paz en el Cesar, y el trabajo que adelantan la UBPD, la CEV y la JEP en la protección de los derechos de las víctimas.
“Hay necesidad de brindar condiciones a las organizaciones y a las familias para que puedan buscar y hacerlo de manera segura, tranquila y con toda la dignidad que tienen. Esperamos, además, que con la estrategia de los Planes Regionales de Búsqueda la UBPD pueda motivar la participación de los familiares y las colectividades que quieran impulsar la búsqueda”.
Para la magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo, el pacto es “una oportunidad para el país y particularmente para esta ciudad y los ciudadanos y ciudadanas que no conocen lo que pasó y que tendrían que saber que la desaparición fue un hecho que se dio, que vivieron muchas personas en esta región, que no puede volver a repetirse y que buscar a los desaparecidos es una obligación, un imperativo de todos y todas y este pacto es una invitación a esa resistencia al olvido de mutuo acuerdo”.
Gerson Arias, director para el Diálogo Social de la CEV consideró que el pacto “pone en concreto la implementación del Acuerdo de Paz con lo que todos los colombianos debemos hacer después de finalizar la guerra, salir a buscar nuestros desaparecidos en las distintas regiones de Colombia, y significa también la apuesta decidida del Sistema Integral para la Paz y de la institucionalidad local, territorial y nacional, pero primordialmente de la UBPD de seguir en los territorios garantizando los derechos de las víctimas y las personas buscadoras para que su esfuerzo no se limite, no se termine y continúe”.
En el departamento de Cesar, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH-, 7.058 personas fueron víctimas de desaparición forzada, secuestro reclutamiento forzado. Entre 1958 a 2016 se registraron 3.755 casos de desapariciones forzadas, 411 casos de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad en el conflicto armado, y 2.892 casos de secuestro.
En este mismo periodo se registraron 1.278 acciones bélicas, 9.176 asesinatos selectivos y 524 casos de violencia sexual, 1.318 masacres. El periodo comprendido entre 1999 y 2005 presentó un incremento de hechos violentos en el departamento.
La UBPD ha recibido 223 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento de Cesar, que junto con Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Santander, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Magdalena concentran el 60 % de los desaparecidos en el país.
“La desaparición afecta a miles de familias y comunidades en múltiples municipios del país, es un hecho que produce angustia y zozobra de manera prolongada y altera los proyectos de vida de familias completas, causando daño transgeneracional y afectan, también, sus procesos comunitarios y sociales, los cuales han perdido día tras día a sus líderes y lideresas, ocasionando el resquebrajamiento del tejido social. Pese a los grandes impactos de este fenómeno las y los familiares han sido resilientes y han mantenido su dignidad”.
Precisó la directora que la UBPD junto con las alcaldías y la gobernación, y las instituciones involucradas en actividades relacionadas con la búsqueda de personas como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Sistema Integral para la Paz, “tenemos una responsabilidad enorme con las familias que durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento y la garantía de sus derechos. A estas responsabilidades institucionales deben sumarse los esfuerzos y contribuciones que hagan en torno a este objetivo, distintos actores en el territorio: la cooperación internacional, la academia, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, así como los gremios y el sector empresarial entre otros”.
En el país, a la fecha según el CNMH 113.442 personas aún continúan desaparecidas, de las cuales el 63,9 % son víctimas de desaparición forzada, el 20,7 % de secuestro y el 15,3 % reclutadas de manera ilegal. Esta cifra supera las desapariciones registradas en las dictaduras y conflictos de Latinoamérica, como ocurrió en Guatemala con 45.000 desaparecidos, Argentina con 30.000 y Chile con 10.000.
Además de la directora de la UBPD, el pacto fue suscrito por la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Reinere de los Ángeles Jaramillo; el director de Dialogo Social de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Gerson Arias; la coordinadora Oficina Caribe de la ONU para los Derechos Humanos, Alicia Pons; el gobernador del Pueblo Indígena Kankuamo, Jaime Luis Arias; la presidente de la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, Deyis Carmona; el alcalde de Valledupar, Mello Castro González; y la jefe de la Oficina de Paz de la Gobernación de Cesar, Juana Pacheco.
