Bogotá D.C., 9 de septiembre del 2022 – La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, junto con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la organización internacional Justice Rapid Response -JRR- realizaron el 5 y 6 de septiembre el Seminario Internacional ‘La obligación estatal de búsqueda de personas desaparecidas: avances, retos y perspectivas’ en el que expertos nacionales e internacionales coincidieron en la necesidad de que los Estados asuman la responsabilidad de la búsqueda de personas desaparecidas de manera articulada y ágil.
En el caso colombiano, el principal desafío es realizar una acción interinstitucional integral tomando en cuenta el valor de la experiencia comparada en las distintas entidades e incorporar el conocimiento y la experiencia de las organizaciones sociales de base muchas de las cuales llevan más treinta años buscando a personas desaparecidas, por lo que su liderazgo en estos procesos no puede ser desaprovechado.
En los dos días de reflexión y de discusión académica de expertos y de experiencia de las organizaciones sociales se evidenció que existe una necesidad de fortalecer e integrar la política pública con voluntad política que permita dar respuesta a las víctimas, garantizar sus derechos y avanzar en la prevención de esta violación a los derechos humanos.
Justamente porque la desaparición tiende a ocultar todo tipo de información se hace más necesario trabajar por crear consciencia institucional de que la información en los procesos de búsqueda es central tanto para trazar una ruta de hallazgo de las personas desaparecidas como de respuesta efectiva para las familias que sufren de forma cotidiana la incertidumbre de saber qué pasó con su ser querido.
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Es precisamente por esta razón, que durante el seminario internacional quedó claro que cuando las entidades se resisten a entregar la información, se obstaculiza la búsqueda y, por tanto, se causa mayor sufrimiento a quienes buscan a las personas desaparecidas. Sobre la base de la obligación estatal de la búsqueda, la participación de las personas y organizaciones que buscan es forma de repararles.
Otro de los grandes retos que demostró este espacio de expertos nacionales e internacionales es el referido a brindar una respuesta integral a las víctimas y reconocer su incansable lucha y sus aprendizajes.
Las sociedades deben entender que las personas desaparecidas tenían sueños y esperanza y fueron víctimas de una oprobiosa violación a sus derechos.
La ciudadanía debe también entender que la desaparición tiene efectos inconmensurables que impactan los proyectos de vida no solo de la persona que es sustraída de la vida, sino de quienes le aman y le esperan y estos impactos trascienden de generación en generación.
Urge cesar la incertidumbre con la que viven las familias de las personas desaparecidas. Así, en este espacio se dijo que los desaparecidos no solo les hacen falta a sus familias, sino le hacen falta a toda la sociedad.
Mira aquí el primer día del seminario:
Se trata de sumar e integrar mecanismos judiciales y no judiciales, administrativos, de atención y todo tipo de garantías en el propósito común de “reparar a todas las víctimas de la desaparición reconociendo y dignificando sus necesidades, experiencias y expectativas para encontrar respuestas que contribuyan al alivio el sufrimiento”, como lo ha insistido la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Los procesos de articulación entre las diferentes entidades que buscan a quienes no retornaron a sus hogares en razón del conflicto armado y su respuesta oportuna son la clave en perspectiva de oportunidad para transitar al hallazgo de cerca de 100 mil personas desaparecidas en el país, que reporta víctimas desde 1948, año desde el cual hay registro permanente de la comisión de esta atroz práctica.
En Colombia, la desaparición no es un asunto del pasado y sigue siendo una herida abierta que solo puede sanarse con una respuesta efectiva en la búsqueda de las personas desaparecidas. La lucha contra la impunidad, así como una acción decidida por esclarecer la verdad sobre la suerte y paradero de las personas desaparecidas es, en la práctica, trabajar por la No Repetición.
Participantes del seminario
Luz Marina Monzón Cifuentes, directora general Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, instaló el Seminario Internacional ‘La obligación estatal de búsqueda de personas desaparecidas: avances, retos y perspectivas’, así como Mary Díaz Márquez, oficial senior del Programa de Justicia Nacional de la organización Justice Rapid Response -JRR-; Fiona Nic Dhonnacha, embajadora de Irlanda en Colombia; Tomi Lounio, primer secretario de la Embajada de Finlandia en Colombia; Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, y Gloria Gómez, coordinadora general de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -ASFADDES-.
En calidad de visita académica no oficial, participaron Carmen Rosa Villa, abogada peruana experta independiente en Derecho Internacional de Derechos Humanos y actual presidenta del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas; Luciano Hazan, abogado argentino experto independiente en Derecho Internacional de Derechos Humanos y actual presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Julissa Mantilla, abogada experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos y actual presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora sobre los Derechos de las Mujeres, quienes comentaron sobre la obligación estatal de la búsqueda: normatividad internacional y mecanismos de seguimiento. Asimismo, aportaron una perspectiva comparada sobre las medidas internacionales judiciales y extrajudiciales para la búsqueda de personas desaparecidas.
Para abordar el tema de las “Perspectivas de la sociedad civil en el cumplimiento de la obligación del Estado de buscar a las personas desaparecidas y garantías del derecho a buscar de las víctimas”, el Seminario Internacional propició una conversación entre Mireia Villar, coordinadora residente de las Naciones Unidas; Luz Marina Hache, defensora en Colombia de los derechos humanos, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-; Claudia Hasanbegovic, abogada feminista e investigadora social experta en género, violencia y derechos humanos y experta de Justice Rapid Response y Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Mira aquí el segundo día del seminario:
Para dar a conocer las experiencias de coordinación entre actores estatales y sociedad civil, estuvieron aportando sobre método y estrategia: Nivaldo Jiménez Illera, coordinador del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas -Grube- de la Fiscalía General de la Nación; Óscar Parra, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, y Lina Ramos, subdirectora general Técnica y Territorial de la UBPD. En cuanto, a experiencias de participación de las víctimas, intervinieron Gloria Gómez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos –ASFADDES–; Jhon Edison Restrepo Londoño, del Grupo de Expertas LGBTI para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; Jaime León, de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; y José Antonio Páez Segura, del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -PDPMM-, bajo la moderación de Rafael Barrantes, coordinador adjunto Departamento de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-.
El último panel, tuvo la moderación de Carolina Villadiego, asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, y contó con varios de los panelistas que participaron de la primera jornada y adicionalmente con: Carlos David Rodríguez, director técnico de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda; Nadia Lizarazo, subdirectora de Análisis, Planeación y Localización para la Búsqueda; Lilibeth Cortés, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Enfoques Diferenciales y de Género de la UBPD; Nathalia Rodríguez, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Étnicos de la UBPD, y Édgar Bernal, profesional experto del proyecto de impulso de identificación humana de la UBPD.
Como reflexión de cierre de las jornadas del 5 y 6, el Seminario Internacional promovió el diálogo en torno a los “Retos en la formulación en la política pública sobre desaparición en Colombia”, que contó con la participación de Jorge Arturo Jiménez Pájaro, director general (E) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF, y Salomón Strusberg Rueda, director de Justicia Transicional de la Fiscalía General de Nación, así como con la participación de la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes, quien también fue central en la reflexión en torno a “La experiencia nacional: medidas judiciales y extrajudiciales para la búsqueda de personas desaparecidas”, en el que compartió la experiencia con Patricia Linares, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, referida a la justicia transicional en Colombia a partir del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016.
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📌 La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hace parte del Sistema Integral para la Paz, junto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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📌 La UBPD es la entidad estatal que tiene el mandato de dirigir y coordinar la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
