En el marco de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) le fueron asignados $ 191.210,5 millones, de los cuales $ 131.574 millones corresponden a funcionamiento y $ 59.636,5 millones a inversión.
Los recursos de inversión presentan una reducción del 21,8 %, equivalente a $ 16.636,5 millones menos, al pasar de $ 76.273 millones en 2026 a $ 59.636,5 millones en 2027.
Esta disminución es especialmente significativa frente a las necesidades identificadas por la entidad. Para 2027, la Unidad de Búsqueda estimó una necesidad técnica de inversión de $ 112.002,5 millones, de los cuales la asignación aprobada cubre únicamente el 53,2 %, dejando una brecha de $ 52.366 millones, equivalente al 46,8 % de los recursos requeridos.
Los recursos de funcionamiento permiten sostener la capacidad institucional instalada, mientras que los de inversión financia las acciones de investigación humanitarias, las acciones operativas de campo, el despliegue territorial, las intervenciones forenses, el análisis de información y la participación de las personas buscadoras. Ambos componentes son indispensables y complementarios para el cumplimiento del mandato de la entidad.
La reducción de los recursos de inversión limita la capacidad de sostener y ampliar simultáneamente las acciones de búsqueda, en un contexto en el que persisten importantes necesidades de investigación, localización, recuperación e identificación de las personas dadas por desaparecidas.
Entre los principales riesgos identificados se encuentran las posibles restricciones para avanzar en la localización de personas que se presume están vivas, alcanzar el incremento proyectado del 45 % en la toma de muestras biológicas, intervenir más de 15.000 puntos de interés forense identificados, desarrollar las acciones de búsqueda activa con más de 25.000 personas buscadoras y cumplir la meta de adelantar al menos 690 investigaciones humanitarias y extrajudiciales durante 2027.
Asimismo, la disminución de recursos representa un riesgo para la sostenibilidad de las capacidades forenses instaladas, incluidos los seis Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI), la presencia territorial y de cobertura de las sedes en los diferentes territorios; así como para la movilidad de los equipos territoriales, la continuidad de las intervenciones en campo y la participación efectiva de las víctimas en el proceso de búsqueda.
Ante este escenario, la Unidad de Búsqueda inició su evaluación y las medidas de priorización y ajuste operativo para preservar las capacidades esenciales y reducir al máximo las afectaciones sobre las acciones de búsqueda, sin negar que esta condición presupuestal exigirá profundos ajustes organizacionales.
La Unidad de Búsqueda continuará desarrollando su mandato humanitario y extrajudicial con los recursos aprobados. No obstante, la suficiencia de la financiación pública está directamente relacionada con la posibilidad de obtener resultados concretos para las familias buscadoras de sus seres queridos, como lo ha hecho hasta el momento.
El desafío no es únicamente presupuestal: es preservar la obligación del Estado de responder a quienes siguen esperando conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos en el conflicto.
