Bogotá, 19 de abril de 2021. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad solicitaron al Defensor del Pueblo realizar un diagnóstico con recomendaciones a las entidades competentes sobre los ataques a líderes y lideresas sociales y asesinato a excombatientes de las FARC-EP, para frenar el incremento de violencia denunciado por las comunidades y
organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los miembros del Sistema Integral pretenden que este informe contribuya a la prevención de otros asesinatos y hechos victimizantes a las poblaciones vulnerables del país, lo que repercute en la garantía de acceso a la justicia que el Estado en su conjuntodebe ofrecer. Particularmente, se aspira a la Defensoría del Pueblo contribuya a que las víctimas del conflicto armado no pierdan la esperanza de encontrar un espacio digno de participación en los distintos componentes del Sistema y pueda garantizárseles su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y en especial a la no repetición.
La solicitud presentada a la Defensoría del Pueblo, contiene: i) una breve descripción del contexto que motiva la solicitud; ii) la afectación al Sistema Integral y a cada uno de sus componentes; y iii) contenido sugerido del informe.
Al realizar el proceso contrastación y verificación de registros proporcionados por Indepaz, Somos Defensores y la JEP, el documento señala que entre el 1 de diciembre de 2016 y el
31 de diciembre de 2020, 904 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas; y se han registrado 276 excombatientes asesinados entre el 1º de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021, de los cuales 43 ocurrieron en 2017, 66 en 2018, 86 en 2019, 69 en el 2020 y 12 hasta el 28 de febrero de 2021.
El Comité Interinstitucional resalta el papel fundamental que cumplen los y las defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso democrático, y la construcción de paz.
Los ataques que reciben impiden la construcción de un escenario de posconflicto y dificulta la puesta en marcha del compromiso establecido en el Acuerdo de Paz de implementar el enfoque territorial al Sistema Integral.
