Organizaciones de familiares de víctimas impulsan anualmente una conmemoración para hacer memoria y exigir sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de una atroz práctica que tomó fuerza en América Latina y en Colombia en la década de los setenta del siglo pasado.
Omaira Montoya tenía 30 años y se encontraba embarazada cuando la detuvieron y desaparecieron. Esta bacterióloga colombiana y militante de una organización política fue capturada junto con su pareja el 9 de septiembre de 1977, en Barranquilla, por miembros del Servicio de Inteligencia del Estado —conocido como el F2— y de la Policía del Atlántico, en un operativo conjunto con la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
Expedientes judiciales ponen en evidencia que estos agentes estatales los interceptaron, los subieron a una camioneta y los llevaron a una playa cercana donde los separaron. Tras la detención y luego de sufrir una serie de torturas, la pareja de Montoya fue condenada a siete años de prisión por el delito de rebelión. De ella, en cambio, ni se menciona su detención. Desde entonces, se encuentra desaparecida.
El caso de detención y desaparición de Omaira Montoya es uno de los cientos de miles que se han registrado en América Latina y Colombia desde la década de los setenta del siglo pasado, cuando en la región —desde Argentina hasta México— se comenzó a registrar este fenómeno de violencia en medio de dictaduras militares, del surgimiento de movimientos sociales y de históricos procesos de transformaciones políticas.
La detención y desaparición en América Latina, según un documento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), es un método de coerción y de control político y social que no solo ocurrió bajo las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta, “países como México, Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, son o han sido escenarios de la misma (la desaparición). Asimismo, sus objetivos se reflejaron una vez más en las desapariciones ejecutadas en Nicaragua, haciendo víctimas en ese país tanto a aquellos que desarrollaron una labor política, social o cultural, en favor del gobierno sandinista, como a los militantes opositores”, explica la defensora de derechos humanos guatemalteca Ana Lucrecia Molina Theissen.
Esta atroz práctica, además, fue el germen de importantes y reconocidos movimientos sociales, de derechos humanos y de víctimas, como el de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que exigen la verdad sobre el paradero de sus hijos detenidos y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar de ese país (de 1976 a 1983) y de los nietos que les sobrevivieron; o la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) que, desde 1981, respalda a quienes buscan a sus seres queridos en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México, entre otros, con la recepción de información, la investigación, el proceso de búsqueda y el impulso de normas jurídicas.
De acuerdo con información de distintas organizaciones de derechos humanos, recogida en el documento ‘La desaparición forzada de personas en América Latina’, de la defensora de derechos guatemalteca Ana Lucrecia Molina Theissen, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en 1996, al menos 90.000 personas, entre 1966 y 1986, fueron víctimas de esta violenta práctica en diferentes países lationamericanos.
Por su parte, en Colombia, se creó la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), la primera organización de este tipo en el país, resultado de la juntanza de las familias de 13 jóvenes estudiantes y trabajadores detenidos y desaparecidos durante 1982, que desde entonces se conoce como el caso Colectivo 82.
FEDEFAM ha promovido la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se celebra anualmente en la última semana de mayo, con el propósito de visibilizar la sistematicidad de este hecho de lesa humanidad, hacer memoria y exigir y reivindicar los derechos de las víctimas de desaparición en América Latina.
Como en otros países latinoamericanos, la detención y desaparición en Colombia fue selectiva y ejercida principalmente en contra de organizaciones políticas y activistas sociales bajo la presunción de vínculos con grupos armados ilegales, esto de acuerdo con el análisis que ha hecho la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) —entidad que surgió tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC— basado en las solicitudes de búsqueda, la información que familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil le han entregado a la Entidad y los datos que la propia UBPD ha recabado.
El análisis de la información ha permitido identificar cómo viene ocurriendo esta violación a los derechos humanos en el país. Entre finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, hubo un tránsito de la detención-tortura a la detención-tortura-desaparición. En ese sentido, la detención y desaparición comprende una serie de acciones intencionadas, organizadas y sistemáticas antes de llegar al asesinato, ocultamiento o destrucción del cuerpo de una persona.
En los siguientes años, puntualmente entre 1986 y 1994, este modo de desaparición en Colombia tomó una lógica territorial focalizada en las zonas dominadas por grupos armados ilegales; sin embargo, siguió orientada en contra de organizaciones políticas y activistas sociales, aunque en este periodo se incorporó a personas que, frente a los perpetradores, “contradicen la moral”: por ejemplo, trabajadores y trabajadoras sexuales, población LGBTI+, entre otros grupos poblacionales.
A propósito de esta conmemoración, en la Unidad de Búsqueda reconocemos la manera en que las personas que buscan mantienen viva la memoria y dignidad de las personas detenidas desaparecidas. Es una oportunidad para reconocer la persistencia de familias y organizaciones en la búsqueda, así como de las diferentes generaciones que mantienen la exigencia de verdad.
En el 2000, el Estado colombiano tipificó como delito la desaparición por medio de la Ley 589. En la norma se lee: “El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 25 a 40 años, multa de 500 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años”. Esta ley es el resultado de años de persistencia y resistencia de organizaciones de familiares de víctimas como ASFADDES o el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
En 2010, las organizaciones y las familias lograron que el Estado colombiano rindiera homenaje a las víctimas de desaparición por medio de la Ley 1408. Según el artículo 14 de esta norma, la última semana de mayo de cada año se organizará la Semana de los Detenidos Desaparecidos, acorde a la conmemoración internacional que ha promovido FEDEFAM desde hace décadas.
En los últimos años, a propósito del Acuerdo Final de Paz y el surgimiento del Sistema Integral para la Paz, las organizaciones y las familias consiguieron la creación de una entidad que, desde agosto de 2018, se encarga exclusivamente de buscar a sus seres queridos para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la cual, actualmente, trabaja en la búsqueda de 111.640 personas, como Omaira Montoya, que tienen una historia, una identidad y una dignidad.
Sus familias esperan conocer la verdad sobre qué les pasó y dónde están y, de ser posible, motivar el reencuentro o la entrega digna de sus seres queridos para el alivio del sufrimiento por todo lo que implica la desaparición de un ser querido a nivel personal, familiar y colectivo.
